A tan solo seis meses del estallido popular que le dio el golpe final a la debilitada presidencia de De la Rua, y con un gobierno provisorio que no contaba con el voto ni con el apoyo popular, el 26 de julio de 2002 las principales agrupaciones de desocupados convocaron a una marcha al Puente Pueyrredon en reclamo de un aumento en los salarios y en los subsidios a desocupados. El Gobierno duhaldista ya había advertido que no iba a permitir que se cortaran las vías de acceso a la Capital Federal y por lo tanto se esperaba una jornada agitada. La represión no tardó en llegar al puente y el saldo fue desastroso: 2 muertos,33 heridos y cientos de detenidos.
Como en todos los grandes sucesos de la historia nacional del siglo XX y lo que va del XXI la prensa jugó un papel fundamental durante esta época. Desde los grandes medios de comunicación se intentó crear- muchas veces con éxito- la imágen del piquetero como un ser de segunda clase, un vago que lo único que pretende es que el Estado se haga cargo de él, un ser violento y agresivo con el que no vale la pena dialogar, porque no razona, y al que, por lo tanto, sólo los golpes pueden contenerlo. De esta manera, desde los diarios y las estaciones de radio y televisión se bombardeaba permanentemente con informaciones distorsionadas y mal intencionadas, que apuntaban siempre a un mismo lugar; el piquetero es violento y agresivo, y los ciudadanos honestos y trabajadores son los únicos perjudicados cuando un piquete corta la calle. Tanto se repetían estas consignas en los medios de principios de los 2000, que hasta algún que orto desprevenido se lo debe haber creído. Vale decir que las mismas consignas se siguen repitiendo una y otra vez y que solo en contadas excepciones los cortes de rutas o calles no son calificados como actos delictivos por los medios- un claro ejemplo de esto son los incontables piquetes que protagonizaron los aristócratas del camppo en 2008-.
Pero durante la masacre de Avellaneda -en la que murieron Darío Kosteki y Maximiliano Santillán- las empresas noticiosas cruzaron la línea; ya no se limitaron a presionar desde sus micrófonos y páginas sobre la problemática piquetera, si no que una vez más fueron partícipes activos de los acontecimientos. La mañana del 27 de junio de 2002 apareció en todos los quioscos de diarios la nefasta tapa de Clarín en la que aseguraban que “La crisis causó dos nuevas muertes” ni Duhalde, ni su vocero Aníbal Fernández -a quién acusan todas las organizaciones piqueteras de ser quien manejaba a la policía federal por esos días- ni la policía. Fue la crisis.
Desde sus páginas Clarín aseguraba que no se sabía de dónde habían procedidos los disparos y alimentaban la versión del gobierno de Duhalde: los piqueteros se mataron unos a otros.
El papel que desempeñó Clarín en este caso no responde a un trabajo negligente, como quiso hacer parecer (y solo al verse rodeado por las pruebas de la irresponsabilidad de Clarín), Guillermo Blanck, editor responsable de política del diario por ese entonces, durante el transcurso del documental “La crisis causó dos nuevas muertes” de Patricio Escobar. Sino que responde a una complicidad nefasta con los autores materiales e intelectuales del asesinato de Darío kostequi y Maximiliano Santillán. El gran diario argentino contaba con las pruebas de que efectivos de la policía acribillaron a balazos a los dos piqueteros; tenían a su disposición la secuencia completa de las fotografías que mostraban cómo el comisario inspector Alfredo Franchiotti remata a Darío Santillán, mientras Kostequi agoniza a un costado y como luego ambos son arrastrados hasta un móvil de la bonaerense.
A Nueve años de los trágicos acontecimientos del puente, algunas cosas han cambiado, otras parecen no encontrar solución. Los policías implicados directamente con los asesinatos fueron condenados. Pero el poder político y mediático no fue purgado. Es cierto que el comisario Franchiotti y el Cabo Acosta fueron condenados a cadena perpetua, como también es cierto que los responsables políticos, entre ellos el entonces presidente de la nación Eduardo Duhalde- no fueron juzgados y parece estar muy lejana la posibilidad de que lo sean.
El nefasto y triste papel de la prensa tuvo como única condena el repudio de los familiares y amigos de los piqueteros brutalmente asesinados y de los miles de personas que pudieron despegarse de la imágen que el periodismo ha logrado construir de sí mismo; las empresas mediáticas son las dueñas de la verdad y la palabra del periodista es sagrada.
Con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner muchas cosas han cambiado; el debate por la ley de servicios audiovisuales desnudó de manera tajante- y me atrevería a decir irreversible- el accionar de las empresas periodisticas, lamentablemente muchas veces ligado a intereses que no responden al periodismo- mucho menos a la búsqueda de la verdad como premisa indiscutida-. Coincidió también con la llegada de Kirchner a la Casa Rosada el hecho de que la policía nunca más reprimió una protesta social, ni con balas de goma, ni de plomo, ni de corcho, fue por directiva expresa del fallecido presidente el hecho de que las fuerzas policiales no acudieran a este tipo de marchas con armas.
No obstante, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner aún cargan con una mochila muy pesada sobre sus espaldas. En sus filas cuentan con Aníbal Fernández -hoy Jefe de ministros de la nación- quien se desempeñaba durante la masacre de Avellaneda como Secretario General de la Presidencia, acusado por las organizaciones piqueteras como responsable de los asesinatos de Maxi y Darío. Estas mismas organizaciones, en un comunicado difundido al momento del noveno aniversario de la masacre, denuncian que tanto el gobierno de Néstor Kirchner, como el de su esposa Cristina Fernández de Kircher se negaron a abrir los archivos de la SIDE a fin de desenmascarar a Duhalde y sus secuaces.
Pero durante la masacre de Avellaneda -en la que murieron Darío Kosteki y Maximiliano Santillán- las empresas noticiosas cruzaron la línea; ya no se limitaron a presionar desde sus micrófonos y páginas sobre la problemática piquetera, si no que una vez más fueron partícipes activos de los acontecimientos. La mañana del 27 de junio de 2002 apareció en todos los quioscos de diarios la nefasta tapa de Clarín en la que aseguraban que “La crisis causó dos nuevas muertes” ni Duhalde, ni su vocero Aníbal Fernández -a quién acusan todas las organizaciones piqueteras de ser quien manejaba a la policía federal por esos días- ni la policía. Fue la crisis.
Desde sus páginas Clarín aseguraba que no se sabía de dónde habían procedidos los disparos y alimentaban la versión del gobierno de Duhalde: los piqueteros se mataron unos a otros.
El papel que desempeñó Clarín en este caso no responde a un trabajo negligente, como quiso hacer parecer (y solo al verse rodeado por las pruebas de la irresponsabilidad de Clarín), Guillermo Blanck, editor responsable de política del diario por ese entonces, durante el transcurso del documental “La crisis causó dos nuevas muertes” de Patricio Escobar. Sino que responde a una complicidad nefasta con los autores materiales e intelectuales del asesinato de Darío kostequi y Maximiliano Santillán. El gran diario argentino contaba con las pruebas de que efectivos de la policía acribillaron a balazos a los dos piqueteros; tenían a su disposición la secuencia completa de las fotografías que mostraban cómo el comisario inspector Alfredo Franchiotti remata a Darío Santillán, mientras Kostequi agoniza a un costado y como luego ambos son arrastrados hasta un móvil de la bonaerense.
A Nueve años de los trágicos acontecimientos del puente, algunas cosas han cambiado, otras parecen no encontrar solución. Los policías implicados directamente con los asesinatos fueron condenados. Pero el poder político y mediático no fue purgado. Es cierto que el comisario Franchiotti y el Cabo Acosta fueron condenados a cadena perpetua, como también es cierto que los responsables políticos, entre ellos el entonces presidente de la nación Eduardo Duhalde- no fueron juzgados y parece estar muy lejana la posibilidad de que lo sean.
El nefasto y triste papel de la prensa tuvo como única condena el repudio de los familiares y amigos de los piqueteros brutalmente asesinados y de los miles de personas que pudieron despegarse de la imágen que el periodismo ha logrado construir de sí mismo; las empresas mediáticas son las dueñas de la verdad y la palabra del periodista es sagrada.
Con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner muchas cosas han cambiado; el debate por la ley de servicios audiovisuales desnudó de manera tajante- y me atrevería a decir irreversible- el accionar de las empresas periodisticas, lamentablemente muchas veces ligado a intereses que no responden al periodismo- mucho menos a la búsqueda de la verdad como premisa indiscutida-. Coincidió también con la llegada de Kirchner a la Casa Rosada el hecho de que la policía nunca más reprimió una protesta social, ni con balas de goma, ni de plomo, ni de corcho, fue por directiva expresa del fallecido presidente el hecho de que las fuerzas policiales no acudieran a este tipo de marchas con armas.
No obstante, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner aún cargan con una mochila muy pesada sobre sus espaldas. En sus filas cuentan con Aníbal Fernández -hoy Jefe de ministros de la nación- quien se desempeñaba durante la masacre de Avellaneda como Secretario General de la Presidencia, acusado por las organizaciones piqueteras como responsable de los asesinatos de Maxi y Darío. Estas mismas organizaciones, en un comunicado difundido al momento del noveno aniversario de la masacre, denuncian que tanto el gobierno de Néstor Kirchner, como el de su esposa Cristina Fernández de Kircher se negaron a abrir los archivos de la SIDE a fin de desenmascarar a Duhalde y sus secuaces.
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